Comunicado “reforma de la ley de extranjería”
La inmigración es una realidad social y un hecho global de todos los países, entre los que se encuentra el Estado español. Actualmente en las Illes Balears las personas extranjeras representan el 20,79% de la población balear (223.036 personas empadronadas) de las cuales en edad laboral representan el 79,58%. El nº de afiliados a la Seguridad Social llega a 83.079 personas.1
Las causas de la inmigración son diversas y complejas, principalmente de origen económico, y todas tienen como nexo común el empobrecimiento, que no pobreza, de los países de origen. Países que en su momento fueron expoliados por el mal llamado Primer Mundo y que actualmente sufren las consecuencias del endeudamiento externo provocado por unas relaciones internacionales entre Estados totalmente injustas y desequilibradas.
Otras migraciones, en menor número, son provocadas por los conflictos bélicos o la falta de libertades democráticas que sufren los Estados, dando origen a las personas asiladas y refugiadas.
Añadiendo otras causas como: la demanda de la mano de obra del país de acogida, la falta de condiciones sociales y laborales dignas en los países de origen, desastres naturales o por el derecho de la libertad de la circulación y de elección del lugar de residencia de las personas, etc.
Actualmente el mundo entero atraviesa una crisis financiera y económica de gravísimas repercusiones sociales y laborales que está afectando ya de pleno a los sectores más vulnerables de la sociedad. En este contexto, en las capas más débiles de la sociedad, el equilibrio social es frágil. Y existe el riesgo de que afloren actitudes de xenofobia y racismo. ¿Es oportuno este momento para mermar todavía más los “derechos” de la población inmigrada? ¿Cuántos años deben pasar para que la persona que proviene de otro país sea ciudadana de pleno derecho?
Sabiendo que en los últimos 8 años la Ley de Extranjería ha sufrido 3 modificaciones y con esta será la cuarta recordemos lo siguiente:
1) En el año 2001, Entidades sociales, Asociaciones de inmigrantes, sindicatos, algunos partidos políticos e incluso varios parlamentos autónomos presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la modificación de la Ley de Extranjería. 7 años después (2008), el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales 8 artículos de la misma (artículos que afectaban el derecho a la reunión, a la asociación, a la huelga, a la sindicación, la asistencia jurídica gratuita para las personas sin papeles).
2) En el año 2006 se aprueba la Directiva Europea sobre la libre circulación y de trabajo para los residentes extracomunitarios que tienen un permiso de larga duración en territorio Schengen y que actualmente el Gobierno no aplica.
3) En el año 2008, el Parlamento Europeo, con los votos de los eurodiputados socialistas españoles, de CiU y del PP, aprobó la llamada "directiva de la vergüenza". La Directiva del Retorno prevé, entre otros aspectos, incrementar el tiempo de detención hasta 18 meses en los centros de internamiento a las personas administrativamente irregulares y la expulsión de los inmigrantes menores de edad no acompañados.
En este contexto, el Gobierno del Estado español ha presentado una nueva propuesta de modificación de la actual Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 14/2003, a lo que estaba obligado para transponer las directivas europeas en la materia aprobadas en los últimos años. Lo curioso es que la reforma propuesta va mucho más allá de las ya siempre restrictivas políticas migratorias europeas y propone un abanico de medidas restrictivas ya no sólo de los derechos de los inmigrantes, sino que también sancionadoras de conductas tendentes a la acogida de estas personas.
Las Organizaciones sociales, ONGS, Asociaciones de Inmigrantes, Sindicatos, partidos políticos y particulares manifestamos nuestra profunda preocupación sobre algunos aspectos que se pretenden introducir en dicha reforma de la Ley de Extranjería que para nada ayudan a paliar las consecuencias negativas que entre la población migrada tiene la actual crisis, más bien todo lo contrario, y que en muchos casos vulneran el articulado y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como son:
1.- Prolongación del periodo máximo de internamiento de 40 a 60 días (recogida en la Directiva de la vergüenza). El anteproyecto propone la ampliación del internamiento de 40 a 60 días, y en algunos supuestos-como en caso de enfermedad del internado- de forma indefinida. Se olvida que el internamiento es la más gravosa de las posibles medidas cautelares a adoptar mientras se tramitan los expedientes de asilo, devolución o expulsión y que, en esencia, privar de libertad a alguien que no ha cometido delito alguno, atenta contra el estado de derecho y la dignidad humana.
Además constatamos que sigue sin dotarse de un marco legal a los centros de internamiento, práctica que debería ser objeto de una ley orgánica específica. No es admisible que una persona pueda estar privada de libertad, sin derechos y sin una regulación específica del centro en el que está y sin un control judicial.
2.- Restricciones al derecho a vivir en familia; el derecho a solicitar la reagrupación familiar será a partir de tener la residencia de larga duración, aunque la normativa europea precisa solamente 2 años de residencia (en España actualmente es 1 año) y los/as ascendientes tendrán que tener más de 65 años y demostrar la dependencia económica
3.- Limitaciones al derecho a la educación; el anteproyecto vuelve a limitar a todos los mayores de 18 años que tengan residencia regular en España el acceso a la educación no obligatoria y a la obtención de becas y ayudas.
4.- Vulneración de los derechos de los/as menores de edad; el proyecto vulnera todas las declaraciones sobre los derechos del menor, tampoco establece las medidas necesarias para que los menores extranjeros dispongan de una adecuada defensa y representación legal que vele por sus intereses en todos los procedimientos administrativos y ante los tribunales. No se garantiza la correcta acogida del menor expulsado.
5.- Derecho a las ayudas para la vivienda; acceso a las ayudas para la vivienda solamente a aquellos/as que tengan el permiso permanente y bajo los requisitos que quieran imponer las distintas CC.AA y entidades locales competentes en esta materia.
6.- Castigo por incumplimiento de una oferta de empleo; sanciones a los/as empleadores/as de 10.000€ a 100.000 € por incumplimiento de las ofertas de empleo en origen sin especificar como queda la situación administrativa del trabajador/a.
7.- El contingente anual de contratación en origen se modifica en la Gestión de Contratación Colectiva en Origen. En la determinación de las necesidades laborales desaparece el papel de los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas. Todo queda en manos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
8. – El anteproyecto de Ley determina las obligaciones de las Comunidades Autónomas en política de inmigración en relación con la administración central, pero no menciona nada sobre las obligaciones de la administración central.
9. – Se dificulta la reagrupación familiar de los/as españoles/as llegando a ser más difícil la reagrupación de un/a familiar de español/a que la de un comunitario.
Exigimos:
1.- La paralización de la tramitación de la reforma
2.- Abrir el debate y diálogo social sobre la política de inmigración a desarrollar desde el estado de derecho y, por consiguiente, abordar las reformas necesarias para la integración efectiva de los inmigrantes en nuestra sociedad.
3.- Promover desde los ámbitos institucionales autonómicos y locales aportaciones positivas para la integración real de todas las personas que conformamos la ciudadanía tomando iniciativas valientes para prevenir los comportamientos xenófobos que podrán ser causados por la situación coyuntural que atraviesa España y el mundo entero.
4.- Considerar a las personas migradas ciudadanas de pleno derecho y no mera mercancía.
Con este comunicado pretendemos hacer un llamamiento a todas las entidades sociales, partidos políticos, particulares y a la sociedad balear en general a que se adhieran a este manifiesto.
Firman: Metges del món - Illes Balears, Caritas Mallorca, Cáritas Ibiza, CONGDIB, Facua, Asociación de los inmigrantes Marroquíes en las Islas Baleares “Al MAghreb”, Asociación “Al Maghreb”-Delegación Sa pobla, Attac Mallorca, E.U.I.B, MINGA (Asociación de trabajo comunitario), Asociación Italo latinoamericanos residentes en Balears, Asociación de los inmigrantes Senegaleses en Baleares “YAPO”, VSF, USO Illes Balears,SOTERMUN, ADINE, ASEMA y activistas sociales (personas independientes)
